
El pasado 11 de febrero se aprobó el Real Decreto 88/2026, una nueva normativa que introduce medidas relevantes para frenar el spam telefónico en el sector eléctrico y reforzar la protección de los consumidores.
La norma entró en vigor el 12 de febrero de 2026 y será plenamente aplicable cuatro meses después, dando tiempo a las comercializadoras para adaptarse a los nuevos requisitos.

A continuación, te explicamos qué implica este cambio normativo y cómo te afecta como consumidor.
El Real Decreto 88/2026 busca aumentar la transparencia en las comunicaciones comerciales y reducir las prácticas abusivas o fraudulentas en la contratación de suministros eléctricos.
Estas son las principales medidas relacionadas con las llamadas comerciales:
Una de las novedades más importantes es que:
Esto supone el fin de las llamadas comerciales indiscriminadas para ofrecer cambios de compañía sin que el consumidor lo haya autorizado previamente.
El objetivo es claro: que el usuario tenga el control sobre quién puede contactar con él y con qué finalidad.
La norma también refuerza la supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de combatir prácticas engañosas y contrataciones no solicitadas.
Entre las medidas previstas destacan:
Aunque el Real Decreto entró en vigor el 12 de febrero de 2026, su aplicación efectiva será cuatro meses después, permitiendo que las empresas adapten sus procesos internos, sistemas de registro de consentimiento y mecanismos de control.
Para los usuarios, esta normativa supone:
En adelante, solo recibirás llamadas comerciales si:
Ya eres cliente de la comercializadora, o Has dado tu consentimiento explícito para que te contacten.
Ante cualquier llamada comercial relacionada con tu suministro eléctrico, es recomendable:
Si tienes dudas, contacta directamente con tu comercializadora a través de su teléfono oficial o página web.
El Real Decreto 88/2026 marca un avance importante en la regulación del sector eléctrico en España, fomentando prácticas comerciales más responsables y transparentes.
Con estas medidas, se refuerza la confianza del consumidor y se promueve un entorno más seguro en la contratación de electricidad.
La nueva normativa supone, en definitiva, menos spam, más control y mayor seguridad para los usuarios.